La mayoría de los españoles cree en la Nación española, y en ella se fundamenta la Constitución de 1978. Ahora, se llegaría a la conclusión contraria de juzgarse esto conforme a la situación del sistema educativo, especialmente desde que se transfirió a los nacionalistas el control sobre toda la educación pública, sobre los planes de estudio, sobre la selección del profesorado y sobre las subvenciones a los colegios privados.
Por ello, a pesar de que una mayoría de españoles desea la continuidad histórica de España como Nación, y desea que se enseñe la herencia cultural y lingüística española, el reparto de competencias ha suprimido todo resquicio de un sistema educativo nacional; se empieza por perseguir el castellano impidiendo que los padres escolaricen a sus hijos en su lengua materna -que es oficial en toda España- y se acaba manipulando la Historia, enseñando a cantar el himno gallego y explicando el derecho de autodeterminación en Educación para la Ciudadanía. En aquellas Comunidades Autónomas donde gobierna el nacionalismo étnico, lingüístico o territorial la educación se está utilizando como herramienta de homogenización en vez de cómo instrumento de promoción social de todos los españoles.
En lo educativo, el castellano no es una lengua oficial; en lo educativo, el nacionalismo es obligatorio; en lo educativo, no rige la Constitución de 1978. Por eso los jóvenes del PP debemos presionar al partido para que asuma la propuesta de Alejo Vidal-Quadras de una reforma constitucional que garantice la igualdad jurídica, el Estado de Derecho y el régimen de libertades. No podemos olvidar que la persecución del castellano en la enseñanza y la manipulación de los contenidos de Historia ya se daban durante el gobierno del PP.
La propuesta consiste en una reforma constitucional que garantice una España de ciudadanos iguales ante la Ley, con los mismos derechos y deberes en todo el territorio nacional. Así, se propone eliminar la distinción entre nacionalidades y regiones del artículo 2 de la Constitución, garantizar el uso del castellano en la Administración y en el sistema educativo en todo el territorio español, reformar el sistema electoral del Congreso, definir y cerrar la distribución de competencias y garantizar la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
El PP ha mantenido un discurso nacional impecable durante toda la Legislatura. El compromiso de que no se quedará en palabras es que la propuesta de Alejo no se la quede sólo el partido de Rosa Díez, porque lo único que se puede ya pactar con los nacionalistas es la misma idea de España que defiende nuestras libertades, y que lleva treinta años secuestrada en el sistema educativo.
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